A nivel nacional, existen fiscalías o ministerios públicos encargados de investigar agresiones que puedan constituir un delito. Por otra parte, las instituciones nacionales de derechos humanos tienen la responsabilidad de proteger y promover los derechos humanos, específicamente ante las acciones u omisiones de las autoridades.
Algunos países de la región (Brasil, Colombia, Honduras, México y Perú) cuentan con mecanismos nacionales de protección para personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otros actores sociales.